La claridad y transparencia en el funcionamiento de los órganos y entidades públicos constituye una pieza fundamental de su gestión, del cumplimiento de sus fines y de su fiscalización por parte de los destinatarios de su labor. A estos efectos, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, destaca la necesidad de ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.
La Ley se aplica a todas las Administraciones públicas y, en particular, a las Universidades Públicas. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, recoge en el ordenamiento autonómico la regulación de los instrumentos necesarios para la transparencia administrativa, con el convencimiento de que la misma resulta imprescindible para la prestación de un mejor servicio a la sociedad, en cuanto garantiza que la misma tenga un mejor conocimiento tanto de las actividades desarrolladas por las distintas instituciones y organismos públicos, como de la forma en que se adoptan las decisiones en el seno de los mismos, constituyendo, al mismo tiempo, una salvaguarda frente a la mala administración.
La Universidad de La Laguna, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de estas dos disposiciones legales y en el convencimiento de que el acceso de los ciudadanos a la información que dé cuenta de su gestión contribuye a la eficiencia administrativa y al fin social de la Universidad, inauguró en diciembre de 2015 este espacio con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública emanada y a los principales indicadores de sus resultados.